ZORRILLA DEBE SER CONDENADO
Por nuestra salud institucional y por nuestro futuro como provincia.

Con total y absoluta sorpresa descubro en la publicación Informe Privado del 21 de Julio de 2005 una nota titulada: Sobreseimiento a Zorrilla.

Recordemos un poco los hechos. El Dr. Arturo Zorrilla es el Interventor de la Obra Social Provincia y en Setiembre del año pasado el Diputado Provincial Mario Capello presentó una denuncia por incompatibilidad debido a que él mismo mientras cumple sus funciones a cargo de la OSP, le presta sus servicios médicos a la misma entidad que dirige. Clarito, ¿no?.

El fiscal Eduardo Mallea primero requirió la instrucción de la causa y recomendó el procesamiento porque según Informe Privado “… el hecho objetivo – facturar como prestador y ser al mismo tiempo la máxima autoridad de la OSP – existió. En coincidencia con la opinión del fiscal, Zavalla Pringles decidió procesar al funcionario.”

Convengamos algo: el hecho existió y está debidamente probado. Pero, parece que algo le sucedió al fiscal Eduardo Mallea y decidió cambiar repentinamente de opinión. Ahora pide lisa y llanamente el sobreseimiento, porque según Mallea, el funcionario “no forzó la voluntad negociadora del Estado a su favor”.

Bueno, muchachos dejen de tomar cosas raras. Aquí no se trata del “espíritu de la ley”, la “onda” o “intención”, acá se trata de un delito debidamente probado.

Veamos lo que dicen las DOS leyes que regulan el tema de la incompatibilidad del funcionario publico, la Ley Nacional 25.188 y la Provincial 6.773.

La Ley que termina modificando los artículos del Código Penal referidos al cohecho y tráfico de influencias es la 25.188 (promulgada el 26 de Octubre de 1999), y en ella se especifica en el CAPITULO V - Incompatibilidades y Conflicto de intereses - ARTICULO 13-“  Es incompatible con el ejercicio de la función pública:

a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.”

Según la 25.188, Art. 13 inc. b)  si soy proveedor del Estado en donde desempeño mis funciones entonces estoy dentro de la incompatibilidad de los deberes de funcionario. En ningún momento se habla de la “intencionalidad de forzar la voluntad” o algo parecido.

Ahora bien, ¿la prueba está?.  Si y más que recontraprobada. El propio Zorrilla reconoció que facturó a la obra social pero dijo hacerlo como “un prestador más” y bajo los mecanismos establecidos para que los prestadores cobren sus servicios. A esto Informe Privado agrega : “Mallea interpreta que Zorrilla no forzó ninguna norma para provecho propio ni utilizó su cargo para obtener beneficios como prestador”.

Menciono la 25.188 ya que se hace referencia al Código Penal y esta es la ley que estableció las modificaciones a los artículos 256, 256 bis, 257, 258, 265, 258 bis, 266 y 268.  Es precisamente en el artículo 265 en el que hace hincapié el defensor, perdón, el fiscal Mallea. Este Artículo dice lo siguiente:  “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.”

Claro que para tener una verdadera valoración y tipificación hay que ver el Capítulo entero, ya que en este delito intervienen varios artículos, empezando por el 256.

Sigamos. La Ley Provincial 6.773 en el Artículo 18 titulado Prohibiciones, en su primer inciso y a semejanza de la 25.188 dice: “ Es incompatible con el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de otras que se establezcan por leyes especiales:

 1.- Ser proveedores por sí o persona interpuesta de los organismos del Estado donde desempeñen funciones cuando de ellos dependa directa o indirectamente la correspondiente contratación. …“.

Señores, dejemos de macanear a las instituciones y apliquemos lo que la ley dice. Si Zorrilla es proveedor probado (factura mediante y por el mecanismo que sea) de la OSP que el mismo dirige, entonces hay que castigarlo como corresponde.

Si empezamos a torcer el rumbo de los escrito con las libres interpretaciones, si burlamos a la sociedad y el Juez Zavalla Pringles decide sobreseerlo, entonces las cosas más nefastas en nuestra endeble institucionalidad van a ocurrir.

No solo Zavalla Pringles se tendría que someter a un seguro Juicio Político, sino que van a aparecer otras variantes del “no torcer la voluntad negociadora del Estado” como por ejemplo: ¿qué va a impedir que un funcionario dueño de una empresa se presente a una licitación si él argumenta que este mecanismo se viene utilizando desde hace tiempo y que el no intenta beneficiarse de su cargo?. Si Zorrilla sale impune entonces nada podrá impedirlo, ya que jurisprudencia mediante hará valer este recurso.

Si se asienta jurisprudencia en este caso como la plantea Mallea, entonces chau ética pública, chau todo aquello que impida la corrupción y el tráfico de influencias. Entraríamos en el paraíso terrenal de los corruptos.

¿Se imaginan lo que nos sucederá como provincia si todos los planes hegemónicos del oficialismo se cumplen? ¿Qué pasará si asaltan la Corte Suprema y siguen nombrando Jueces a su antojo? ¿Qué sucederá si se apropian de los pocos organismos de control que aún quedan?. Dios nos libre.

Juan Carlos Aguirre
aguirre_juancarlos@yahoo.com.ar

“EN SAN JUAN NO HAY JUSTICIA”
(Nota Semanario La Séptima)

El caso del rápido pedido de sobreseimiento del Interventor de la Obra Social Provincia (OSP), Dr. Arturo Zorrilla, quien fuera procesado por el Fiscal Mallea, a raíz de la denuncia presentada por el diputado radical Mario Capello, deja en evidencia la impunidad que existe en esta provincia. El legislador cuestiona severamente a la justicia local y advierte que acá no prosperan las denuncias contra los funcionarios públicos. Reconoce además que los funcionarios hacen negocios con las empresas mineras. “Esto es una confirmación más que en San Juan no hay justicia, que tenemos una justicia del poder”, remarcó el diputado radical al referirse al pedido de sobreseimiento que hizo el fiscal Eduardo Mallea, cuando él mismo fue quien pidió el procesamiento del Interventor de la Obra Social Provincia, con motivo de la denuncia presentada por Mario Capello.

Para ver la nota comnpleta acceder a : http://www.laseptimadigital.com.ar/lsd/site/secciones/noticia/?id=2666

Beatriz Toro, ex esposa del Ing. Raúl Tellechea comentó en declaraciones periodísticas, las últimas gestiones que llevaron a cabo al manifestar que “quisimos saber como estaban las acciones que habíamos iniciado, tanto en la legislatura como en el Poder Judicial”.

Agregó que “el 28 de junio habíamos pedido en el Poder Judicial algunos puntos concretos y tuvimos una larga reunión con el Juez Zavalla Pringles, con quien constatamos que la causa está parada, no se está investigando con la celeridad con la profundidad que nosotros entendemos, deben ser realizadas las acciones, para llegar a la verdad”.

Respecto a la visita que realizaron el jueves pasado a la legislatura, durante la sesión ordinaria, indicó que “justamente se cumplían los 10 días del plazo que el Ejecutivo tenía para contestar un pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados, dirigido al Ministerio de Gobierno, sobre las fechas de constitución de la brigada especial para buscar a Raúl y la fecha de remisión del informe de dicha brigada, al señor Juez”.

La ex esposa de Tellecha expresó su indignación ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y rescató que el Vicegobernador Marcelo Lima “se comprometió personalmente a averiguar que sucedía con la falta de respuesta del Ejecutivo”.

La convocatoria al bocinazo de la agrupación de familiares y amigos expresaba que Raúl Tellechea desapareció “en el San Juan de la Segunda Reconstrucción” ya que apuntan que “los Poderes del Estado que son los responsables de nuestra seguridad, se hagan cargo de esta desaparición y asuman todas las acciones para llegar a la verdad y si hay una mano negra, que investiguen y lleguen a esa mano negra para que sepamos que es lo que pasó con Raúl”.

Beatriz Toro enfatizó que “en el San Juan, que el Gobernador anuncia que está dirigiendo, con una Segunda Reconstrucción, esto ha sucedido en su gobierno y que se haga cargo, como corresponde”.

En el mismo sentido pidió que “cada uno de los Poderes, se haga cargo de que esta desaparición es en su gestión” y destacó que “la mano negra que está tapando todo esto y no está permitiendo que salga la verdad, el gobierno y los Poderes del Estado, deben desarmarla”.

En sus declaraciones, se refirió además a la entrevista con el juez que entiende en la causa expresando que “salimos bastantes desesperanzados porque dice que está haciendo todo lo que puede, todos los días hace algo pero durante la conversación, sus respuestas nos deja en evidencia que algunos detalles, que son muy importantes para nosotros en el expediente, que no les ha prestado atención”.

Agregó que “hay personas que deben ser investigadas y no han sido investigadas, como un funcionario político que es el señor Moyano, una persona que tenía vínculos laborales, está mencionado en el expediente y no se la ha llamado a declarar”.

En el mismo sentido dijo que “de las 12 personas que dijeron haber visto a Raúl después de su desaparición, 11 tienen relación con la Asociación Mutual de la Universidad Nacional de San Juan y le dijimos que esto, obviamente está digitado con una intencionalidad macabra, para hacer aparecer como que Raúl está con vida”.

La ex esposa del Ing. desaparecido dijo finalmente que “no se están haciendo las cosas como se deben hacer”.

A QUIEN NO VOTAR

Con una excelente introducción de Eduardo Luis Duhalde quien hace hincapié en la limiticación en el ejercicio del poder, Carlos Lafforgue, desarrolla toda una brillante investigación sobre los legisladores que aprobaron las leyes de lo que se dió en llamar: “la segunda década infame”. El autor considera que quienes no aparecen, son patriotas, porque no las votaron. Es el caso de Alfredo Avelín. En el caso de Leopoldo Bravo es dable reconocer que votó coherentemente con su pensamiento, como es el caso de las leyes del perdón y se replegó cuando la Argentina era entregada. Roberto Basualdo, quien ya lo había hecho público, vota dos leyes, sobre concursos y quiebras, para descomprimir el efeco negativo de las leyes anteriores. Luego aparecen los legisladores sanjuaninos “sistemáticos”, porque votaban alineados e incondicionalmente. A lo hecho... pecho.

Ley 23.696 - Emergencia Administrativa (Privatizaciones)
Senadores: L. Bravo y E. Pósleman
Diputados: Manrique, Martinez, Riutort, Victor Carrizo.

Ley 23.697 - Emergencia Económica
Senadores: L. Bravo y E. Pósleman
Diputados: Manrique, Martinez, Riutort, Victor Carrizo.

Ley 24.013 - Flexibilidad Laboral
Diputados: Roberto Cámera, Manrique, Martinez.

Ley 24.065 - Privatizaciones de empresas eléctricas
Diputados: José Luis Gioja, Gómez Centurión, J. A. López.

Ley 24.145 Privatización de YPF
Diputados: José Luis Gioja

Ley 24.241 AFJP (Destrucción del sistema previsional)
Diputados: J. L. Gioja, Gómez Centurión y Martinez.

Ley 24.465 Fomento de Empleo
Senadores: L. Bravo
Diputados: J.L. Gioja, Cerdera, López.

Ley 24.522 Concursos y quiebras
Senadores: L. Bravo
Diputados: José Luis Gioja, Leonor Tolomeo

Ley 24.557 - A.R.T.
Diputados: José Luis Gioja, José A. López.

Ley 25.013 - Flexibilidad Laboral (Ley Erman Gonzáles)
Senadores: José Luis Gioja
Diputados: Chica y De Sanctis.

Ley 25.250 - Modificación de Leyes Laborales (Banelco o coimas)
Senadores: José Luis Gioja
Diputados: Capello, Conca, Moreno y Varesse.

Ley 25.414 - Delegación de facultades extraordinarias
Senadores: José Luis Gioja, J.C. Losa
Diputados: Capello, Conca, Escobar, Moreno y Varesse.

Ley 25.589 - Concursos y Quiebras - Modificación
Senadores: José Luis Gioja
Diputados: Basualdo, Capello, Elizondo Mínguez.

Ley 25.602 - Modificación 20.480
Senadores: José Luis Gioja, Nélida Martín
Diputados: Elizondo, Escobar, Capello, Basualdo y Mínguez.

Absolución de la corte Menemista, solamente votada por Diputados y que no prosperó.
Diputados: Elizondo, Escobar y Conca.

¿Que tal Pascual?... Observamos diputados que son alfonsinistas y delarruistas. También son cavallistas y hoy son lavagnistas. En el peronismo es más patético aún porque observamos que fueron: menemistas, delarruistas, cavallistas, rodriguistas, duhaldistas, lavagnistas y ahora flamantes kirchneristas. Cabalgaron las antítesis... Cavallo-Lavagna, Menem-Duahlde, Menem-Kirchner. Qué poder de mimetización!!. Son acróbatas del gatopardismo y los responsables directos de haber creado este sistema espúreo: mientras se devoran se multiplican.

El autor contabiliza a los legisladores que más votaron estas leyes.

El diputado Larraburu tiene once leyes votadas, igualmente con la misma cantidad, Miguel Angel toma (el amigo de Manzano) y el santafesino Lamberto. El podio está integrado por los siguientes legisladores, quienes fueron los que más votaron estas leyes, casi todas, y que se mantuvieron disciplinados con Menem, la sopa posterior, Duhalde...

Nunca preguntes como se hacen las leyes ni las salchichas. (Dicho norteamericano)

Lorenzo Pepe 13 Leyes Bs. As.
Eduardo Menem 13 Leyes La Rioja
José Luis Gioja 12 Leyes San Juan. Ay San Juan!... Mi tierra querida!!

Voy a ahorrar conceptos, porque las pruebas son contundentes. Solamente cabe recordar que el actual gobernador tiene este “honroso” record y .... nos quedaremos sin cordillera, se instalará el pobrismo, ganará o perderá elecciones, amordazará el último reducto de periodistas valientes en extinción..., pero hay algo que no podrá lograr. “Escribir la historia con la goma” 

juancarlosmalis@yahoo.com.ar